Poder y Territorio en México: el proyecto hidroeléctrico zongolica, veracruz

Ⅰ. Introducción

Hoy en día los procesos de reproducción ampliada en busca de nuevos ámbitos de apropiación (Harvey, 2009; Garibay et al., 2011), han llegado al corazón mismo de las que Aguirre Beltrán (1991) había definido como “regiones de refugio”. Como bien lo demostraron primero Georgescu-Roegen (1996) y sucesivamente Martínez Alier (2005), la economía política acerca de la que conjeturaron tanto Smith como Marx, ha adquirido hoy un sobresaliente rasgo ecológico por la enorme demanda energética que la civilización moderna necesita para perpetuar su supervivencia material y simbólica¹. Sin embargo en las últimas dos décadas, por lo menos desde la publicación en 1987 del Informe Brundtland, el empuje de la propuesta ambientalista ha venido perdiendo fuerza. Los referentes simbólicos del ecologismo militante (el cuidado del planeta y de las formas de vida que éste acoge) han sido paulatinamente invadidos, y a veces sustituidos, por una terminología de contenido economicista. La misma idea de sustentabilidad es hija de este proceso de apropiación ideológica, aunque cabe decir que la complejidad de los fenómenos sociales y la riqueza de los actores involucrados en cada singular coyuntura, han venido reformulando, y hasta aprovechando pragmáticamente, estos conceptos (Valdivielso, 2005). No me detendré ahora en esclarecer estas dinámicas puesto que dicho ejercicio ya se propuso en otro trabajo (Panico, 2011). Lo que me interesa resaltar a través del caso que aquí se presentará, es el proceso de cómo en México se está hoy llevando a cabo la ocupación de una extensa porción del territorio nacional por mano de proyectos de inversión privados que apuntan a la apropiación de recursos (humanos y no humanos) en nombre del cuidado y respeto del ambiente².

Dentro del mundo académico, el campo conocido hoy como ecología política, es el que más ha insistido en el análisis del territorio como escenario de expresión de las tensiones (manifiestas y/o latentes) que atraviesan el complejo entramado de la vida social. Las relaciones entre estados nacionales, actores transnacionales (institucionales y corporativos) y expresiones socio-culturales locales, han representado sin duda el ámbito privilegiado de estos análisis (Castree, 2008; Robertson 2004). La postura militante dentro de la que se ha movido parte del mundo académico ecologista (Martinez Alier, 2005; Gorz, 1982) ha sido en varias ocasiones criticada por otros núcleos de investigadores, los cuales siguen sosteniendo la necesidad de considerar como legítima la expansión de los requerimientos energéticos que la civilización moderna necesita para reproducirse (Lovelock, 2008; White, 1982).

Sin pretender subordinar la importancia del citado debate, aclaro desde un principio que la ecología política será el horizonte discursivo desde el que me pronunciaré por el hecho de que ella sitúa su foco de atención en la cuestión ética, pues mi postura se fundamenta en la idea de que el problema de las necesidades energéticas de la civilización tecno-industrial no debe ser tratado como un asunto de facto, sino como un tema que necesita de un posicionamiento ético que lo anteceda y lo ubique dentro de una consideración general acerca del desarrollo civilizatorio.

Mi objetivo principal no es proponer la enésima descripción general de la difícil relación entre los proyectos hidroeléctricos alrededor del mundo y las acciones de respuesta local, regional y nacional frente a dichas iniciativas³. Lo que aquí pretendo mostrar es cómo, centrándonos en un caso específico, podemos entender ciertas coyunturas históricas desde un enfoque que ayude a esclarecer el entramado de las relaciones de poder como núcleo articulador de las dinámicas socio-espaciales locales (Hodge y Adams, 2012; Bocking, 2003; Bunker, 2000; Coleman, 2000; Haggard y Kaufman, 1995).

Para tal propósito, como producto derivado de un intenso trabajo de campo llevado a cabo entre los meses de septiembre de 2011 y agosto de 2012, presentaré los resultados de un estudio acerca de la manera en que un consorcio hidroeléctrico transnacional se instaló en una región indígena del centro-este de la República Mexicana.

En la primera parte del trabajo, ofreceré los detalles del proyecto hidroeléctrico en cuestión, a través de la utilización de fuentes hemerográficas y de documentos oficiales disponibles para consulta pública. Es preciso señalar que fue necesario recurrir a este método de recaudación de información, no sólo por el hecho de que consideré fundamental relacionar entre ellos los elementos del entramado institucional que hacen posible la instalación de tales inversiones, sino también porque la empresa a cargo de la realización del proyecto rechazó sistemáticamente las peticiones tanto de entrevistas como de información.

Posteriormente, me centraré en la manera en cómo la empresa se introdujo en el territorio y, a partir de eso, empezó a trastocar el entramado social y ambiental de las comunidades directamente interesadas, y a provocar la protesta de una parte de ellas y de algunas organizaciones de derechos civiles y ambientales, tanto a nivel regional como estatal y nacional. Para avanzar en una comprensión más profunda de la problemática local, el trabajo de investigación documental, fue acompañado sistemáticamente por otro de campo, con el objetivo de contrastar en vivo la información que se desprendía del primero y, viceversa, para cotejar a través de aquél, los datos arrojados por la indagación etnográfica. Ésta se centró principalmente en jornadas de observación practicadas a lo largo de la extensión física del proyecto, acompañadas por entrevistas semi- estructuradas (centradas en preguntas-guía acerca del uso del territorio, de la tenencia de la tierra, de las relaciones vecinales y, por último, de los impactos socio-ambientales suscitados por la coyuntura del proyecto) a los habitantes de las comunidades afectadas.

En la última parte del escrito, me dedicaré a una interpretación antropológica general de las modificaciones al territorio y al modo de vida local, ocasionadas por el establecimiento de la hidroeléctrica.

Ⅱ. El Proyecto Hidroelectrico Zongolica

La realización de proyectos hidroeléctricos en México, a la par que en otros países latinoamericanos, representa una rúbrica fundamental para comprender la historia pasada y presente del país. Su importancia no solo cubre aspectos económicos relativos a la producción y comercialización de la energía, sino adquiere carices de orden social, político y ambiental (Canel, Idemudia y North, 2010; Bebbington et al., 2008; Bridge, 2004). Quizás hoy en día el negocio de la energía hidráulica sea para México uno de los principales ejemplos de cómo las diferentes escalas geográficas de la producción y reproducción económica y social se entrelazan en la construcción del territorio y de sus formas de organización (Hannerz, 1996; Harvey, 2009; Kearney, 1995).

Actualmente, a lo largo de una vasta área incluida dentro de los Municipios de Zongolica, San Juan Texhuacán y Mixtla de Altamirano⁴ (Estado de Veracruz, México), la empresa Electricidad del Golfo, subsidiaria de Corporación Mexicana de Hidroelectricidad (Comexhidro), está realizando un proyecto hidroeléctrico para la generación y venta de energía (Figura I).

Figura I.

El área de la infraestructura del Proyecto Zongolica. En el mapa se puede observar la extensión del territorio en el que se instala el proyecto hidroeléctrico (Fuente: INEGI).

La producción de energía hidroeléctrica en el mundo es hoy considerada como una actividad “verde” por emitir, aunque muchos estudios señalen lo contrario (Bambace, et al., 2007; Fearnside, 2005; Ducheim, 2002), una baja cantidad de gases de efecto invernadero. A raíz de eso, los financiamientos para este tipo de generación de energía han sido impulsados por los organismos multilaterales y los gobiernos nacionales alrededor de todo el mundo. El Banco Mundial es su principal promotor a través del Prototype Carbon Fund (PCF), mientras que las numerosas cumbres climáticas (las conocidas COPs) que se han organizado desde el año 1995 (la primera fue en la ciudad de Berlín), representan el marco geopolítico global desde el que se han activado las iniciativas multilaterales de transición energética orientadas a la mitigación del impacto ecológico.

Para el caso que aquí concierne, la empresa Comexhidro, titular del proyecto Zongolica, ha sido beneficiada en el pasado reciente con este tipo de apoyos (“Unos 50 Municipios ya no compran energía a la CFE; exige IFAI reporte⁵; además es de remarcar que el principal socio de la Compañía, la financiera estadounidense Conduit Capital Partners (CCP), menciona, entre sus inversionistas⁶, a la “International Finance Corporation”, institución afiliada al grupo del Banco Mundial cuyo lema es: “Reducimos la pobreza para mejorar la calidad de vida”⁷. El Banco mundial, por ejemplo, no sólo representa (en este caso, como en muchos otros) una instancia supranacional promotora de proyectos basados en acuerdos internacionales y financiado con dinero público (los Estados, entre los cuales destacan los Estados Unidos, aportan una cuota monetaria para la operatividad del Banco), sino que aparece como un inversionista de la compañía, quedando así de manifiesto el doble papel de financiador y beneficiario de los útiles producidos por aquélla. Es de resaltar, por otra parte, que CCP y su socia mexicana Comexhidro, son financieras, no empresas industriales. Ellas no transforman nada; no participan directamente en el proceso de producción de los bienes de mercado, sino que se ocupan del manejo de los flujos de capital que de los organismos públicos, según un esquema de “cajas chinas” (una empresa dentro de otra que a su vez está dentro de otra), descienden hacia la inversión privada bajo el lema del cuidado del planeta (el llamado a la “energía verde”).

En el mismo sitio de CCP es posible rastrear el caso de Zongolica bajo el nombre de “Project IMPRO: Impulsora de Proyectos Hidroeléctricos”⁸. En estas páginas se específica que la tipología de inversión es “greenfield”, es decir “verde”, y que la capacidad de generación es de 30 MW, como está reportado también en el Oficio “RES/151/2010”⁹ con el que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprueba el proyecto. La cartera de clientes de Comexhidro incluye importantes firmas nacionales e internacionales (entre ellas General Motors y Walmart) y también organismos públicos como el Gobierno del Distrito Federal y varios municipios de los estados de Michoacán, México, Jalisco y Guerrero¹⁰. Además, como aparece en la página de la Presidencia de la República de México¹¹, la empresa se hará de “bonos verdes” por llevar a cabo actividades productivas que generan bajos niveles de dióxido de carbono.

De todo lo anterior parece desprenderse que la escala social y política sobre la que se mueve el proyecto en cuestión, junto con las recientes declaraciones de la Delegación Estatal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual reconoce la asignación de 10 proyectos hidroeléctricos para el Estado de Veracruz¹², no acredita hablar de mini-hidroeléctricas (de la manera en cómo han sido presentadas por la empresa ante la opinión pública estatal¹³), pues este caso se inscribe plenamente en el marco estratégico de las políticas mundiales, federales y estatales sobre seguridad energética.

A nivel nacional, las modificaciones del marco regulatorio para la generación de energía en los últimos 20 años, han favorecido decididamente la incursión del capital privado dentro de este sector. El periodo entre 1992 y 1994 es crucial para entender las tendencias estructurales y los eventos coyunturales que han venido impactando la vida social, política y económica de México. Durante estos años fueron reformadas varias leyes para favorecer la entrada de ingentes capitales, removiendo los candados legales que impedían a los inversionistas extranjeros y nacionales participar en ciertos rubros estratégicos anteriormente reservados al Estado. Para tal efecto fue modificada La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en donde, a través de las nuevas figuras del “autoabastecimiento”, la “cogeneración”, la “producción independiente” y la “pequeña producción”, se brindó la posibilidad al capital privado de participar activamente en la producción de energía. Desde entonces, de acuerdo con la Tabla de Permisos de Generación e Importación de Energía Eléctrica publicada por la CRE¹⁴, las empresas privadas han generado un total de 28,211 MW de energía, es decir casi la mitad de la capacidad total instalada del país que suma 60,795 MW¹⁵.

El Proyecto Zongolica se inscribe en el rubro de “autoabastecimiento” que, según lo que marca el Artículo Tercero de la Ley citada anteriormente, no está considerado dentro de la categoría de “servicio público”. Eso significa que la producción de energía hidroeléctrica, no está destinada, en términos legales, a ser socializada. Los beneficiarios de tal inversión, como se verá posteriormente, son únicamente los socios del proyecto, el cual, además, aprovecha la infraestructura de la CFE para la distribución de la energía que produce, sin tener que pagar ningún tipo de impuesto o regalía para este servicio. Gracias a estas facilidades que otorga el Gobierno Federal, México y América Latina, como queda claro en la página electrónica de CCP, constituyen un verdadero oasis de inversión “por la escasez del capital local y por las reformas políticas que favorecen la inversión extranjera”. En el caso de Zongolica, como también en muchos otros contextos a lo largo de la geografía del país, vemos que los diferentes niveles de gobierno participan activamente en la promoción de estas iniciativas¹⁶. Una vez que la empresa obtiene los permisos correspondientes ante las distintas instancias oficiales¹⁷, pueden empezar los trabajos de construcción de la infraestructura en los que, por lo general, se involucran varios contratistas y una pequeña porción de trabajadores locales¹⁸.

Paralelamente a eso, las oficinas de relaciones públicas de la empresa elaboran acciones que apuntan a la construcción de la imagen pública del proyecto de inversión. En el caso específico, Electricidad del Golfo trató de establecer vínculos estratégicos con el entorno regional (gobiernos municipales, asociaciones y universidades) a través de los cuales quiso defender y legitimar la pertinencia de su proyecto. Hasta se llegaron a utilizar prácticas empáticas en donde se veían los directivos de la empresa participar en ceremonias rituales de las comunidades náhuatl serranas. El representante del proyecto, al ser entrevistado acerca del mecanismo de la consulta pública, así se expresa: “Una consulta pública no es tener su anuencia. Es tener una oportunidad para que la gente pueda escuchar el proyecto, pueda hacer preguntas, pueda inconformarse con las autoridades o con nosotros para que podamos responder. […] consulta pública no es llegar a pedir autorización, las autorizaciones las da la autoridad.”¹⁹. El mensaje que se desprende de esta cita es inequívoco. Las comunidades no son reconocidas como sujeto de derecho, sino, cuando mucho, como destinatarias de prebendas para que la empresa demuestre, como afirma su representante en la misma entrevista, “ser buena vecina”. Dentro de las declaraciones oficiales de prensa, tanto el corporativo como los tres niveles de gobierno, omiten decir, sin embargo, que la infraestructura realizada por la empresa representa otra fuente de activos, dado que, por constituir una obra de utilidad pública, la inversión es deducible de impuestos. También se exceptúa mencionar que ni un sólo megavatio de electricidad que la hidroeléctrica producirá será para los municipios en los que se instalará el proyecto, pues para beneficiarse de este servicio tendrían ellos que convertirse (como marca la Ley del Servicio Público de Energía) en “socios consumidores” a la par que los grandes trusts como, por ejemplo, la cadena Walmart.

Otra cuestión crucial es la del empleo. Uno de los discursos que a menudo se esgrimen cuando se pretende legitimar un proyecto de inversión como el que estoy analizando, es la creación de puestos de trabajo que contribuyen al desarrollo social de regiones crónicamente deprimidas. Esta visión, a mi manera de ver, reduce el empleo a una simple prestación de servicio remunerada a través de un salario. El trabajo sigue pensándose como una mercancía más, mientras que es evidente que, como en el caso de Zongolica, las comunidades establecen a través de aquél una relación de vida con su entorno. En este sentido el trabajo pasa de ser un objeto eminentemente ecológico a uno meramente económico. Trataré de explicarme mejor. Para los habitantes de la región, muchos de ellos sin estudios y sin competencias para poder ocupar puestos que requieren altos niveles de operatividad profesional, el empleo no representa ninguna perspectiva para el futuro. Nunca serán contratados, y en aquellos casos en que lo fueran, sólo se les destinará a faenas no especializadas que, una vez terminada la obra, ya no serán necesarias. Es de subrayar que la empresa utiliza además el trabajo y el otorgamiento de beneficios individuales como prácticas de control de las comunidades locales, aprovechando sus divisiones internas y el marco legislativo mexicano que ofrece, como se vio anteriormente, “condiciones óptimas” de inversión.

En Zongolica las comunidades náhuatl que se encuentran dentro del perímetro y en las inmediaciones del proyecto, no cuentan con ningún elemento legal para que se les reconozca como un interlocutor legítimo. Por ser la tierra dividida en parcelas privadas, y siendo ésta la situación jurídica que regula su traspaso (no son ejidos, es decir propiedad comunal), la comunidad se reduce a una entidad nominal que, pese a su existencia bajo la forma de entidad moral (social e histórica), no es reconocida por la ley como sujeto de negociación. Los habitantes de las comunidades, usuarios de los servicios que proporciona la mini-cuenca del río Apatlahuaya (localmente conocido como Altotoco), se ven desplazados por las concesiones cedidas a las empresas constructoras desde el centralismo político-burocrático de los diferentes niveles de gobierno. Así que, de ser beneficiarios directos de sus recursos, pasan a ser dependientes de los servicios “concedidos” por las empresas (Figura II). El caso del aprovisionamiento de agua para las comunidades de Palulca y Xometla (situadas en la parte más alta de la cuenca muy cerca de la cortina) es ejemplar para entender las implicaciones profundas de los cambios en las dinámicas territoriales locales.

La empresa prometió construir un tanque de agua para dar servicio a aquellas comunidades que perderían la “bajada al río” para satisfacer sus necesidades diarias de abastecimiento. Ella, gracias a las concesiones públicas que se le otorgaron, es la que controla de facto el agua. Antes de que la empresa llegara esta mediación no se verificaba.

Figura II.

La distinta concepción y uso del territorio: En estas imágenes se aprecia la diferente manera de concebir y transformar el territorio por parte de la Compañía hidroeléctrica por un lado (arriba) y, por el otro, de las comunidades locales nahuas (abajo). Aquí deseo subrayar como la incursión del proyecto hidroeléctrico desplaza las territorialidades locales adueñándose, directa o indirectamente, de sus recursos sociales y ambientales (fotos Panico).

El cambio del patrón territorial y de las actividades sociales características de un régimen comunitario tradicional, hacen que los comuneros²⁰, en el mejor de los casos, sean convertidos en trabajadores temporales de bajo ingreso, mientras que a otros se les otorgan beneficios con el fin de utilizarlos como instrumentos de re-modulación comunitaria para generar procesos sociales y políticos favorables a la empresa.

Algunos de ellos se han convertido hoy en pequeños empresarios que venden servicios de comida, pero en realidad, aunque parezca paradójico, es la empresa quien se los está vendiendo, pues insertándose como sujeto de mediación, ella se hace dueña del espacio comunitario, transformando a los habitantes locales en compradores de sus propios recursos. Por otro lado las autoridades municipales reciben importantes apoyos por parte de Electricidad del Golfo a cambio de que contribuyan al mantenimiento de la “paz social local”. La empresa, finalmente, aprovecha y estimula las divisiones internas en los municipios serranos, mismos que han venido sufriendo, en los últimos años, una profunda descomposición política y social²¹.

Ⅲ. La movilización.

Hasta aquí he intentado describir la forma en cómo el Proyecto Zongolica, vinculándose al aparato institucional de los tres niveles de gobierno del Estado Mexicano, se ha arraigado dentro de la realidad comunitaria serrana imponiendo su lógica de re-acomodo territorial y de control de los recursos locales. Sin embargo, si por un lado la empresa Electricidad del Golfo no ha tenido mayor dificultad en resolver los tecnicismos legales necesarios para conseguir las concesiones correspondientes, por el otro se vio obligada a enfrentar la necesidad de legitimar, local y regionalmente, su presencia.

El primer recurso que decidió adoptar para poder administrar el consenso en la región, fue construir puentes de diálogo con las instituciones locales. Los gobiernos municipales fueron los primeros en ser contactados por los representantes corporativos; se les ofreció apoyo presupuestal para el mejoramiento de la obra pública y para impulsar el desarrollo económico local a través de la creación de empleo. Sucesivamente hubo un acercamiento a las localidades interesadas directamente por el proyecto en donde se utilizaron estrategias que acabaron por dividir internamente a las comunidades. A los propietarios de los terrenos que fueron comprados por la hidroeléctrica se les ofreció la posibilidad de compartir una parte muy modesta de la riqueza generada a través del apoyo a pequeñas actividades productivas como, por ejemplo, el ya citado servicio de comida para el personal de las empresas contratistas o la adquisición de material de construcción para las propiedades de algunos comuneros. A otros se les benefició, según comentan varios de ellos, con dinero contante con el objetivo de crear un frente interno a la comunidad que impulsara los intereses de la empresa para desestabilizar eventuales intentos de resistencia.

Eso parece sugerir que la dimensión internacional del proyecto en ningún momento debe hacernos perder la importancia del contexto local en donde pueden surgir posibles conflictos para el control de los recursos y la reivindicación de la posición socio-política de los actores en él involucrados. Este paso de lo global a lo local puede a su vez reincidir a escalas geográficas mayores, por el involucramiento de demandas menos arraigadas en las idiosincrasias locales y más vinculadas a ámbitos de confrontación (que se reflejan en el orden de los discursos y las proclamas) a nivel regional, estatal y, a veces, supraestatal (como en el caso, por ejemplo, de la minería canadiense en el Cerro de San Luís o de la construcción de la presa de “La Parota” en Guerrero)

¿Qué clase de respuesta ha producido entonces la llegada de la hidroeléctrica en Zongolica a la luz de las acciones propiciadas por la empresa en los distintos órdenes geográficos sobre los que se plasman las relaciones de poder? La división interna a la que hacíamos mención, no produjo la polarización de dos grupos claramente enfrentados (uno de apoyo y uno de rechazo al proyecto). Los comuneros que se vieron afectados por las operaciones de construcción y operación de la infraestructura, no están organizados y sólo han participado en mítines coordinados por asociaciones locales y regionales de oposición a la política social y ambiental de los tres niveles de gobierno. Las inconformidades locales responden aún a exigencias prácticas: no poder bajar al río por el agua porque está sucia; no haber recibido el tanque de captación de agua que la empresa había prometido; haber presenciado el agrietamiento de las viviendas debido a las explosiones durante la construcción del canal subterráneo para la desviación del río, etc. Las comunidades ignoran la complejidad de los factores implicados en un proyecto de este tipo. Algunos habitantes de los terrenos que sufrieron daños o perjuicios debido a las actividades de edificación de la obra, se han acercado a otros sujetos y han tomado conciencia de la coyuntura; sin embargo, la gran mayoría de los comuneros siguen desconociendo la situación en la que se encuentran ya inevitablemente involucrados. Las comunidades están desmovilizadas. La propiedad legal individual no les ayuda, en términos jurídicos, a defender su autonomía. Sus estructuras tradicionales, como se ha visto, se han debilitado mucho en los últimos años, sobre todo por mano del negocio forestal y de los múltiples programas federales y estatales de desarrollo que han introducido nuevas relaciones económicas y políticas. El cultivo de la milpa ha venido perdiendo importancia social, económica y ambiental. Junto a eso se ha asistido a un debilitamiento de la organización comunitaria basada en los ciclos festivos y rituales. En este contexto ha sido bastante fácil para la empresa irrumpir en las comunidades y controlarlas desde adentro. Además, como hemos visto, la hidroeléctrica no tiene la obligación legal de reconocer a los comuneros, y menos a la comunidad, como sujeto de derecho. Ella, como claramente lo declaman sus representantes legales, tramita los permisos con las instancias de gobierno, es decir con los ámbitos institucionales de poder, los cuales no dejan ningún espacio de autonomía, pese a la pomposidad de sus discursos, a los territorios indígenas rurales.

En este contexto los que han venido ocupando el vacío de la protesta y las movilizaciones locales, han sido las asociaciones civiles de derechos humanos y algunos grupos regionales más organizados que se oponen a otros proyectos hidroeléctricos en el Estado de Veracruz: “Defensa Verde Naturaleza para Siempre” y “Salvemos al Río Cuenca La Antigua”, colectivos que se oponen respectivamente a la construcción de las presas de El Naranjal (Cuenca Alta del Río Blanco) y Jalcomulco (Cuenca del Río La Antigua); el Centro de Derechos Humanos “Toaltepeyolo”, asociación local que opera en la región veracruzana conocida como “Grandes Montañas”; la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), grupo estatal volcado a la defensa de los derechos ambientales. La capacidad de convocatoria de las organizaciones arriba mencionadas, rebasa considerablemente el ámbito que podría alcanzar la movilización local. Dichas acciones de resistencia han logrado dar a conocer el Proyecto Zongolica mucho más allá del contexto comunitario rural: desde julio de 2011 se han realizado en el estado tres foros de afectados por hidroeléctricas en los que han confluido las fragmentadas movilizaciones que, hasta aquel momento, se habían dado en respuesta a otros proyectos. A su vez estas iniciativas han sido cobijadas a nivel nacional por el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos (Mapder) que las ha dado a conocer en los ámbitos aún mayores de la Red Latinoamericana contra las Presas (Redlar). Además las experiencias de lucha de las comunidades guerrerenses de la Costa Chica de Guerrero en contra del mencionado Proyecto “La Parota”, como se desprende del discurso público del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa (CECOP), asociación que cobija a este movimiento, han sido el molde en el que se ha plasmado la resistencia civil a la industria hidroeléctrica en el país.

Como en muchos otros casos, Zongolica representa un ejemplo de contienda socio-ambiental que se produce a lo largo de diferentes escalas geopolíticas. Debido a la aparición de otros sujetos involucrados en disputas de orden geográfico mayor, lo local se proyecta hacia esferas políticas y económicas dilatadas. En este sentido ningún proyecto hidroeléctrico, por mini que se haya declarado, puede ser considerado como un asunto de bajo impacto social y ambiental. Los hechos desmienten esta retórica, no sólo porque el estado de Veracruz, rico en “yacimientos” de agua, promete convertirse en una sala de máquinas más de las insoslayables necesidades energéticas planetarias, sino porque los contextos éticos de la movilización y económicos de la inversión, impiden utilizar estas perífrasis para denotar a tales iniciativas.

Ⅳ. Conclusiones.

Los proyectos de inversión hidroeléctrica afectan “zonas de vida” en aras de un desarrollo cuyo eje sustancial de funcionamiento es la acumulación, no solamente de bienes mercantilizables, sino de necesidades energéticas cada vez mayores. La cuestión preponderante no es entonces ambiental, sino social. El continuum socio-ambiental representa solamente una nomenclatura explicativa para apuntar a la inseparabilidad de lo humano y lo natural. Es por eso que hago aquí hincapié, más que en lo ambiental, en lo ético que remite a las decisiones que fundamentan los procesos de edificación civilizatoria.

En este sentido el modelo tecno-industrial se encamina hacia un desarrollo ficticio por el hecho de que se encuentra atrapado dentro de sus necesidades reproductivas inmediatas. La principal de éstas es la producción de la energía sin la cual el mundo moderno no podría funcionar ni un solo segundo. Frente a eso están las necesidades de otras formas de socialización que no se reproducen bajo el mismo orden de significado y que manifiestan la existencia de opciones civilizatorias alternativas, como es el caso de muchas comunidades nahuas de la Sierra de Zongolica.

Es de remarcar, para concluir, cómo el modelo de Desarrollo Sustentable implementado por las agencias multilaterales, los gobiernos, el mundo empresarial (y sostenido hasta por buena parte de la opinión pública sensible a la cuestión ambiental), mantiene la separación conceptual entre sociedad y naturaleza para sus fines prácticos. Esta reducción de la cuestión ecológica a un asunto de simple protección del ambiente, es lo que permite finalmente justificar la supuesta eficacia de las políticas públicas orientadas actualmente a la mitigación de la crisis ambiental. Eso quiere decir que, en los últimos años, el discurso acerca del Desarrollo Sustentable (contrariamente a los postulados que predica) se ha convertido en una poderosa herramienta de depredación. Para contrarrestar estas prácticas, deberían establecerse mecanismos de regulación de las inversiones y de los conflictos que éstas puntualmente desencadenan, ya que, en el orden de la praxis, lo ambiental en sí, casi nunca es percibido como un problema por parte de los actores locales. La cuestión ambiental, como lo demuestra el caso aquí examinado, adquiere entonces matices de orden político y social que no pueden ser liquidados con una marginalización del discurso público hacia ámbitos estrictamente ecológicos. Lo que está en juego es el mismo sentido de la democracia como nivel de organización socio-político que regula el acceso de la población a los derechos, más que a los recursos productivos y reproductivos. Al mismo tiempo habrá que volver a plantear seriamente los fundamentos ideológicos de las políticas ambientales que sirven, en muchos casos, como mecanismos de despojo y concentración de riqueza.

Bibliografía

• Aguirre-Beltrán, Gonzalo, (1991), Regiones de refugio, México, Fondo de cultura económica.
• Bambace, L. A. W., Ramos, F. M., Lima, I. B. T., Rosa, R. R., (2007), Mitigation and Recovery of Methane Emissions from Tropical Hydroelectric Dams. Energy, 32, Third Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment System, p1038-1046.
• Bebbington, A., L. Hinojosa, D. H. Bebbington, M. L. Burneo, X. Warnaars, (2008), Contention and ambiguity: mining and the possibilities of development. Development and change, BWPI Working Paper, 57, Brooks World Poverty Institute, p887-914.
• Bocking Stephen, (2003), Dams and development, the bakun dam: a case study, Ottawa, Marselle, World Water Council.
• Bridge, Gavin, (2004), Mapping the bonanza: geographies of mining investment in an era of neoliberal reform, Professional Geographer, 56(3), p406-421.
• Bunker, Barbara B., (2000), Managing conflict through large-group methods, En M. R. Deutsch, and P. Coleman, Handbook of cooperative conflict resolution: Theory and Practice, S. Francisco, Jossey-Bass Publishers.
• Canel, E., U. Idemudia, L. North, (2010), Rethinking extractive industry: regulation, dispossession, and emerging claims, Canadian journal of development studies, XXX(1-2), p5-26.
• Coleman, Peter, (2000), Power and conflict, En Deutsch, M. R., and Coleman, P., Handbook of cooperative conflict resolution: Theory and Practice, S. Francisco, Jossey-Bass Publishers, p108-130.
• Comisión Mundial de Represas, (2000), Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones, London, Earthscan publications.
• Castree, Noel, (2008), Neoliberalising nature: the logics of deregulation and reregulation, Environment and Planning, 40(1), p131-152. [https://doi.org/10.1068/a3999]
• Diduk Alan, Bruce Mitchell, (2003), Learning, public involvement and environmental assessment: a canadian case study, Journal of environmental assessment policy and management, 5(3), p339-364.
• Duchemin, Eric, (2002), Hydroelectric reservoirs as an anthropogenic source of greenhouse gases, World Resource Review, 14, p334-353.
• Fearnside, Philip, (2005), Brazil’s samuel dam: lessons for hydroelectric development policy and the environment in amazonia, Environmental Management, 35(1), p1-19. [https://doi.org/10.1007/s00267-004-0100-3]
• García Bátiz, Maria Luisa, (2006), Planeación participativa: la experiencia de la política ambiental en México, México, Plaza y Valdez.
• Garibay, Orozco C., Boni, Iñiguez A., Panico, F., Urquijo, P., (2011), Unequal partners, unequal exchange: Goldcorp, the mexican state, and campesino dispossession at the peñasquito goldmine, Journal of Latin American Geography, 10(2), p153-176. [https://doi.org/10.1353/lag.2011.0046]
• Georgescu-Roegen Nicholas, (1996), La ley de la entropía y el proceso económico, Madrid, Fundación Argentaria.
• Gorz, André, (1982), Ecología y política, Barcelona, El Viejo Topo.
• Haggard Stephan, Kaufmann Robert, (1995), The political economy of democratic transitions, Princeton, Princeton University Press.
• Hannerz, Ulf, (1996), Transnational connections: culture, people, places, London, Coutledge.
• Harvey, David, (2009), El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión, de: http://www.forosocialsevilla.org/img/pdf/harvey.pdf.
• Hodge, I. D., Adams, W. M., (2012), Neoliberalization, rural land trusts and institutional blending, Geoforum, 43(3), p472-483. [https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.11.007]
• Kearney, Michael, (1995), The local and the global: the anthropology of globalization and transnationalism, Annual review of anthropology, 24, p547-565. [https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.24.1.547]
• Lovelock, James, (2008), La venganza de la tierra. La teoría de gaia y el futuro de la humanidad, México, Ediciones Planeta.
• Martínez-Alier, Joan, (2005), El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Barcelona, Icaria editorial.
• O'Connor, James, (2001), Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico, México, Siglo XXI.
• Ostrom, Elinor, (1990), Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge, Cambridge university press.
• Panico, Francesco, (2011), Ética y mundo contemporáneo. Empresa corporativa, comunidades locales y ambiente en México, International Journal of Latin American Studies, 1(1), p1-25.
• Robertson, Michael, (2004), The neoliberalization of ecosystem services: wetland mitigation banking and. Problems in environmental governance, Geoforum, 35(3), p361-373. [https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2003.06.002]
• Tarrow, Sidney, (1994), Power in movement: social movements, collective action and politics, Cambridge, Cambridge university press.
• Valdivielso, Joaquín, (2005), La globalización del ecologismo. Del eco-centrismo a la justicia ambiental, Medio ambiente y comportamiento humano, 6(2), p183-204.
• White, Leslie, (1982), La Ciencia de la Cultura, un estudio sobre el hombre y la civilización, Barcelona, Editorial Paidós.
• World Commission on Environment and Development, (1987), Our Common Future, Oxford, Oxford University Press, Disponible en http://worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf.