Una Política Social Alternativa para las Gobernaciones en Venezuela en el Marco de las Misiones Sociales del Gobierno Nacional

Ⅰ. Introducción

Las gobernaciones como unidades políticas administrativas en el marco de la descentralización político territorial a fines de los ochenta, deben atender su política social focalizada. “…La focalización (es decir, el encauzar las políticas sociales hacia determinados grupos de población en procura de mayores impactos), apareció como el gran tema de la política social de la década de los 90, concebida como la vía principal para incrementar la equidad y eficiencia de la intervención del Estado” (Alvarado, 2003:26).

Entonces los gobernadores asumen la política compensatoria y focalizada del Gobierno Nacional, “los grupos objetivo por excelencia fueron los más pobres, y dentro de ellos los niños menores de 6 años y las mujeres embarazadas. La focalización se hizo extensiva al tipo de servicio dentro de cada sector (educación básica, atención primaria en salud y programas nutricionales); y a la distribución geográfica (atención prioritaria a las zonas de mayor concentración de pobreza)…” (Alvarado, 2003:26).

La política social compensatoria surgió en Venezuela oficialmente en marzo de 1989, (a comienzos del gobierno de Carlos Andrés Pérez, después del Programa de Ajuste Económico, y del estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989 a consecuencia de la ejecución de dicho programa conocido como “paquete económico”), con la creación de la Comisión Presidencial para el Enfrentamiento de la Pobreza a nivel nacional, de donde surgió posteriormente el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza contentivo de un grupo de programas sociales destinados a la atención de los grupos más vulnerables de la población en seis áreas estratégicas, estas son: a) Nutrición; b) Salud; c) Educación; d) Protección Social; e) Empleo y Seguridad Social y f) Vivienda e Infraestructura Social (COPEP citado por Alvarado, 2003); (González y Lacruz, 2007).

La descentralización se desarrolló en un contexto de crisis política en el país, no sólo por el creciente descontento social expresado violentamente en los disturbios de principios del período (Febrero de 1989), sino también por los intentos de golpe de Estado de Febrero y Noviembre de 1992, por fracciones disidentes de las Fuerzas Armadas (Alvarado, 2003), crisis económica, social y política que se tradujo en la salida del Presidente Carlos Andrés Pérez del poder y en la designación de un gobierno en transición hasta enero de 1994. Afirma Alvarado (2003), que durante la aplicación del paquete económico, no solo la pobreza aumentó sensiblemente, sino que también la prestación de los servicios públicos (salud, educación, suministro de agua, seguridad urbana, entre otros) empeoró visiblemente.

A fines de la década de los 90,’gana la Presidencia de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, luego de haber participado en un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este gobierno llama a conformar una Asamblea Constituyente y a través de un referéndum consultivo en el año 1999, se aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el marco de esta son aprobadas 49 leyes en el 2001, así como el Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 (Mpd, 2001). El plan se soporta en cinco equilibrios el económico, social, político, territorial e internacional para lograr objetivos muy puntuales, el desarrollo de la economía productiva, la justicia social, la construcción de la democracia participativa, la consolidación del territorio y la soberanía nacional.

Las 49 leyes aprobadas en 2001 tienen en común de acuerdo a Ochoa (2003:28), “la búsqueda de justicia social y la participación”, lo cual lesiona intereses de sectores favorecidos durante varias décadas, por lo que a partir de ese momento, los sectores opuestos al proyecto de transformación en el país generan un clima de conflicto durante los años 2002 y 2003, creando ingobernabilidad, caos e incertidumbre en el país.

Siguiendo a Alvarado (2009; 2010), el año 2002 se destaca por la confrontación, inestabilidad política y alta polarización. En abril de ese año se vivió en Venezuela un intento de golpe de Estado, que prácticamente fue superado en 48 horas por el Gobierno y sus bases de apoyo. Posterior a este acontecimiento político, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, se da un paro petrolero-comercial patronal, convocado y llevado a cabo por representantes de la oposición con el propósito de que el Presidente Hugo Chávez saliera del poder a través de su renuncia al cargo.

El paro fue protagonizado por los líderes empresariales del país, específicamente por la cámara de comerciantes e industriales, como FEDECAMARAS (en donde su presidente se auto designó y auto juramentó como Presidente de la República durante las 48 horas que duró el golpe de Estado de abril de 2002), también por la participación de la alta cúpula sindical tradicional representada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) de los partidos políticos tradicionales, y otros de más reciente creación opuestos al gobierno, además del protagonismo de altos gerentes de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), quienes, agrupados en una organización denominada: Gente del Petróleo, representaban a la tecnocracia venezolana. Para ese entonces PDVSA funcionaba como una empresa privada y aliada a los intereses internacionales.

La crisis política de los años 2001, 2002, 2003, estuvo marcada de agresiones verbales, convocatorias a paros no gremiales de corte político que lesionan la economía, paralización de sectores claves de la economía, como la industria petrolera; convocatorias a marchas realizadas en días laborales; además de la campaña mediática de los principales medios de comunicación del país adversos al gobierno, creando caos, inestabilidad y expectativas negativas, algunos mecanismos comenzaron a ser utilizados desde el mismo momento en el cual Chávez asume el poder, intensificados a partir de la aprobación de las 49 leyes en diciembre de 2001 y que luego se tradujeron en un golpe de Estado y en un paro nacional (Ochoa, 2003).

Desde 1989 hasta el 2003 las gobernaciones avanzan en la promoción de una política social asistencialista, focalizada y compensatoria con el curso de la descentralización político territorial e incluso continua avanzando luego de aprobada la Constitución de 1999, la cual contiene un rico articulado para promover una política social alternativa para la transformación social en el marco de un gobierno con un proyecto político alternativo. Sin embargo, es a partir del 2004 después del paro económico petrolero, cuando se crean las condiciones políticas para avanzar en una política social alternativa de inclusión y de justicia social en las gobernaciones adeptas al proyecto alternativo con la creación de las misiones sociales como política universal del gobierno nacional.

El presente artículo tiene como propósito explicar la política social alternativa de las gobernaciones en Venezuela para el período 2004-2013 en el marco de las misiones sociales del Gobierno Nacional. El término política pública se refiere a las orientaciones que define el Estado y que son obligantes para éste y la sociedad (Ochoa, 2010).

Las políticas públicas se convierten, en un instrumento para lograr cambios estructurales en la sociedad, dentro de una concepción de desarrollo integral en donde el Estado, sea el promotor de un modelo de desarrollo, de un proyecto alternativo y, de políticas públicas diseñadas e implementadas con una lógica diferente a la mercantil, que apunte al logro de una gestión para la transformación de la sociedad. Esta propuesta a nuestro juicio, resulta viable en un Estado que esté comprometido con los intereses de toda la sociedad, con la solidaridad, el bien común, la justicia social, la democratización del poder, la participación ciudadana, con una mejor distribución, acceso y oportunidades en pro de la inclusión social. De lo que se trata es que el Estado Social y Solidario formule e implemente políticas públicas para la vida (Hinkelammert y Mora: 2001; 2005).

Ⅱ. Condiciones políticas para avanzar en una política social alternativa en las gobernaciones de Venezuela : Una primera etapa

Después del paro económico y petrolero, se da un cambio en la política social a nivel nacional, se pasa de políticas focalizadas y compensatorias al desarrollo de políticas sociales universalistas para lo cual se incorporan innovaciones administrativas, concretamente las llamadas Misiones Sociales, las cuales se introducen “como experiencia inédita en el mapa social de América Latina y el Caribe, surgieron en el segundo trimestre del 2003, precisamente como expresión del desarrollo de la Revolución Bolivariana en la búsqueda de soluciones verdaderas a los seculares problemas de la población humilde del país, que abarca más del 65% de los 24 millones de habitantes de Venezuela. Estas misiones sociales son el núcleo de la ofensiva estratégica para reducir progresivamente la pobreza dándole poder a los pobres...” (Chávez citado por Fuenmayor et al, 2007:16-17).

El Gobierno Nacional redefine su política social a través de las Misiones, donde el involucramiento del ciudadano constituye un aspecto importante. Las Misiones Sociales constituyen la política social¹ del Gobierno Nacional, surgen después del paro económico y petrolero, paralelamente al desarrollo endógeno, específicamente en el segundo trimestre de 2003, como política universal para superar la pobreza y exclusión.

“La concepción de la política social puede captarse a través de los derechos sociales establecidos en la Carta Magna, considerados indiscutibles y de aplicación inmediata y universal (para todos), siendo éstos la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social y el trabajo. De ellos, el derecho a la educación, salud y trabajo, y uno nuevo (el derecho a la participación), que hasta ahora no tenía rango constitucional, serían fundamentales en la definición de una política social distinta al acto de la dádiva pública, la cual es cuestionada abiertamente” (Alvarado, 2003:58).

El paro económico de 2003, favorece el impulso del proyecto económico, social y político contemplado en la Constitución de 1999, después del referéndum revocatorio de agosto de 2004, cuya legitimidad no queda en duda. Se ratifica a Hugo Chávez en la Presidencia con una votación del 59,10% frente a un 40,64% de la oposición (CNE, 2004a). Posteriormente se realizan las elecciones regionales de los gobernadores en Octubre de 2004 resultando ganador casi en todo el territorio nacional, los gobernadores apoyados por el partido político Movimiento V República MVR, el mismo partido que llevó al poder al presidente Chávez. Según Ochoa (2005), en las elecciones de gobernadores de 2000² y 2004³, realizadas posterior al triunfo de Hugo Chávez⁴, el MVR, obtuvo el 52% y 78,2% respectivamente. Por lo que están dadas las condiciones en el plano regional, a nivel de los Estados para impulsar y promover los cambios que desde el Gobierno Nacional se lideran tanto en lo económico, como en lo social y de esta manera avanzar en la consolidación de un proyecto alternativo para la transformación de la sociedad, tal como dice Therborn (1979), una política transformadora para una gestión también transformadora.

Las misiones sociales han recibido el apoyo de algunas gobernaciones, al menos las comprometidas con el proyecto político del gobierno del Presidente Hugo Chávez, pero como política social universal⁵ es ejecutada por otras instancias del aparato estatal. Este es el caso de la nueva PDVSA⁶ y de las Corporaciones Regionales de Desarrollo⁷. La nueva PDVSA da cumplimiento a lo establecido en los artículos 302 y 311 de la CRBV (PDVSA, 2008), así como también al artículo 5 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (PDVSA, 2008), en lo que tiene que ver con la participación de PDVSA en la política social del Gobierno Nacional, comprometida con el desarrollo social y económico del país para lograr avances no solo en salud y educación, sino también en vialidad, infraestructura, desarrollo agrícola y, en el financiamiento de importantes núcleos de desarrollo endógeno en todo el territorio nacional.

Hasta el año 2007 se desarrollaban las siguientes Misiones: 1) Barrio adentro, cuyo objetivo es “…garantizar el acceso a los servicios de Salud de la población excluida…”, 2) Ciencia, “dirigida a modelar una nueva cultura científica y tecnológica ...”, 3) Cultura: Estrategia para consolidad la identidad nacional, 4) Guaicaipuro, tiene como propósito “restituir los derechos de los Pueblos Indígenas…, 5) Hábitat, su meta es “dar respuesta a los problemas de las familias y comunidades…en materia de construcción de vivienda…(y) en el desarrollo del hábitat, 6) Identidad: Cedular a todos los venezolanos y extranjeros que viven en el país, 7) Madres del Barrio: Su objeto es “apoyar a las amas de casa que se encuentran en estado de necesidad”, 8) Mercal: su objeto es mantener a bajos precios, abastecida de alimentos a la población venezolana, 9) Milagro: Para realizar “…operación de afecciones de la vista de forma gratuita…”, 10) Miranda: Su meta es “organizar, captar, registrar, controlar y entrenar a la Reserva de la FAN…” (Fuerza Armada Nacional), 11) Negra Hipólita: “… dirigida a combatir la marginalidad…”, de niños, adolescentes, adultos en situación de calle, discapacitados y adultos mayores en situación de pobreza extrema, 12) Piar: Atención a la comunidades mineras en el marco del Plan Integral de Desarrollo Sustentable, 13) Ribas: Educación en el nivel de bachillerato a quienes no han podido culminar este nivel, 14) Róbinson I: Su objeto es alfabetizar a todos los ciudadanos que lo necesiten, 15) Róbinson II: Enseñanza hasta sexto grado, 16) Sucre: Su objeto es garantizar el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo, a través de la municipalización, 17) Vuelvan Caras: Su objeto es garantizar la participación del pueblo en la producción de bienes y servicios…” y 18) Zamora: El propósito es reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas con vocación agrícola (Gobiernoenlinea, citado por Fuenmayor et al, 2007: 111).

Gran parte de los recursos económicos para financiar las misiones sociales provienen directamente de PDVSA⁸, por lo que no tienen como mediación a los gobiernos subnacionales, es decir ni gobernadores, ni alcaldes, sino que se coordinan directamente con la Presidencia de la República y sus instituciones centrales. Queda claro que las misiones representan una modalidad diferente a la manera tradicional de concepción de la política social. A juicio de Alvarado (2010), su rol innovador es el acento puesto en su gestión comunitaria directa, es decir en la participación activa y protagónica de las comunidades organizadas, dentro de un proceso de parroquialización. Las misiones sociales se distancian por lo tanto de los viejos esquemas burocráticos y tecnocráticos presentes en las instituciones donde ha predominado las prácticas que provienen de la descentralización político territorial, obedecen a la nueva institucionalidad presente en Venezuela que avanza en el marco de la Constitución de 1999 de cara al proyecto político bolivariano que se promueve desde el Gobierno Nacional y que toma fuerza y vigor cuando el Presidente Hugo Chávez, gana nuevamente las elecciones presidenciales del 03 diciembre de 2006 al ser reelecto para un tercer período de gobierno (2007-2013).

Hugo Chávez Frías gana las elecciones presidenciales con el 62,84% de los votos (CNE, 2006), apoyado principalmente por el partido político Movimiento V República⁹, frente a su principal opositor Manuel Rosales quien obtuvo el 36,9% de los votos (CNE, 2006) y, apoyado fundamentalmente por las agrupaciones políticas¹⁰ Un Nuevo Tiempo (de la corriente social-demócrata, tiene su fuerza fundamental en el Estado Zulia) y, Primero Justicia (en ciertos aspectos de la corriente social cristiana). Rosales para ese entonces, renunció al cargo de Gobernador del Estado Zulia, para lanzarse como candidato presidencial en el 2006, representaba el cambio al proyecto político bolivariano del Presidente Chávez, a favor de la promoción de un modelo de economía de mercado en alianza a los sectores económicos opositores al proyecto político bolivariano del Presidente Chávez.

El Presidente anuncia entonces, en su discurso de toma de posesión, la instauración del Socialismo del siglo XXI, haciendo énfasis en el poder que ahora tienen las comunidades, dentro de una democracia protagónica, socialista y revolucionaria, en donde tienen un papel protagónico fundamental los Consejos Comunales, figura creada como mecanismo de transferencia directa de poder a las comunidades, cuya coordinación también está adscrita a la Presidencia de la República, con un trabajo articulado con las misiones sociales.

La conformación de los Consejos Comunales empezó en 2005 sin ley alguna y como iniciativa desde abajo. En enero de 2006 Chávez asumió esta iniciativa y comenzó a difundirla. Y en abril de 2006 la Asamblea Nacional sancionó la ley de los Consejos Comunales, éstos representan el mecanismo de auto-organización consejera más avanzado y desarrollado, y la forma más importante de organización local territorial, reciben financiamiento directamente del Estado y sus instituciones (Azzellini, 2010).

En el Estado Lara gana la elección a gobernador en el 2004, Luis Reyes Reyes, con el 73,56% (CNE, 2004), de los votos, apoyado en la elección del 2000 como en la de 2004 por el Partido Político Movimiento V República, asimismo, recibió respaldo político de otras agrupaciones políticas de la izquierda. Podemos entonces afirmar, que a partir del 2000, se abre un espacio político importante en el Estado Lara para avanzar en el proyecto económico alternativo al proyecto neoliberal promovido desde el Gobierno Nacional a partir de la aprobación de la Constitución de 1999.

Similar situación se da en el Estado Aragua con la reelección de Didalco Bolívar y en el Estado Mérida con Florencio Porras y en el Estado Carabobo con el triunfo al puesto de gobernador de Luis Felipe Acosta Carlez, en todas las gobernaciones estudiadas, con excepción de la Gobernación del Estado Zulia, que fue ganada por un partido de oposición al proyecto político alternativo al neoliberal.

La Gobernación del Estado Zulia, queda en manos del principal candidato opositor al proyecto político del Presidente Hugo Chávez Frías. Manuel Rosales gana las elecciones a gobernador de 2000 y de 2004, apoyado por el partido político de derecha, Un Nuevo Tiempo (UNT), de ideología socialdemócrata. Rosales le da continuidad a la política y gestión de su antecesor, Francisco Arias Cárdenas, de claro compromiso con el proyecto económico neoliberal.

Como principal opositor al proyecto alternativo al neoliberal y principal representante de los partidos políticos de la derecha, en alianza con la tecnocracia, Manuel Rosales participó activamente desde la Gobernación del Zulia, como opositor a la aprobación de las 49 leyes en el marco de la Ley Habilitante de 2001, también firmó en el decreto de Carmona a favor de la nueva institucionalidad, después de la salida del Presidente Chávez del poder por cuestión de horas en el golpe de abril de 2002, fue actor clave en la paralización del país y de la industria petrolera a fines de 2002 y comienzos de 2003, y fiel representante del proyecto económico neoliberal, después de todo el clima de conflicto político en el país, repite para el puesto de gobernador en el 2004 y, en el 2006 es el principal candidato opositor al proyecto político bolivariano, debilitado por los acontecimientos políticos referidos; proyecto que toma un nuevo impulso y oxígeno, con la reelección del Presidente Chávez.

Ahora, ambos proyectos nacional-estadal, están alineados (Jessop, 2008) en las Gobernaciones de los Estados Lara; Aragua; Mérida y Carabobo; compartiendo la misma ideología, proyecto político y económico, racionalidades e intereses, por lo que disminuye el conflicto y la permanente confrontación (De Mattos, 1989; 1990), y es una oportunidad política para realizar cambios tanto en la política social como en su gestión desde el nivel subnacional.

En este sentido, están dadas las condiciones desde lo local para crear una nueva institucionalidad a través de una política social alternativa y universal para una gestión transformadora a favor de la inclusión social, el crecimiento con equidad, la justicia social y la democratización del poder y es una oportunidad para revertir las prácticas enquistadas en la Gobernaciones, heredadas del proyecto económico neoliberal en curso con la descentralización político territorial. El compromiso político por parte del gobernador con el partido político Movimiento V República y su afinidad política e ideológica con el Presidente Hugo Chávez Frías, le da suficiente autonomía política para impulsar cambios desde lo local.

Sin embargo, dice Ochoa (2003:26), que “en general todo proyecto alternativo que intenta ponerse en práctica genera polémica, confrontación y rechazo, ya que debe romper con viejas prácticas, se afectan intereses y se crean incertidumbres”, no podemos olvidar, que la administración del Estado se encuentra atravesada por las contradicciones y conflictos de la lucha de clases (Holloway, 1982).

Ⅲ. Política social alternativa de inclusión y justicia social en las gobernaciones: La experiencia en materia de salud

Una de las primeras acciones en materia de salud a inicios de la gestión de gobierno de Florencio Porras en el Estado Mérida, fue la intervención de los hospitales, en donde se estaba cobrando el servicio y apegado a la Constitución de 1999, que contempla la gratuidad del servicio, intervino por ejemplo el Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, garantizando la gratuidad de la salud, por tanto: 1) Se eliminaron los cobros por consultas y emergencias y 2) Se implementó la exoneración de cirugías en pacientes de bajos recursos (Secretaría General de Gobierno, 2001). De lo que se trata es de revertir el modelo de gestión en salud que avanzaba con el curso del modelo neoliberal.

En el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (I.A.H.U.L. A), “en el área de Resonancia Magnética y Tomografía Helicoidal durante los últimos cuatro años, se han realizado 35.000 estudios, de los cuales se han exonerado 22.000, lo que representa una inversión social de 2.5 millardos de bolívares…” (Secretaría General de Gobierno, 2005: s/f). Todavía existe, el cobro del servicio al paciente, a pesar de contemplarse su gratuidad en el artículo 84 de la Constitución de 1999, el cual reza lo siguiente: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud…, regido por los principios de gratuidad, universalidad…equidad…y solidaridad…” (ANC, 1999). Para el 2001 se había solicitado la recuperación de costos a través de seguros o contribuciones de acuerdo a los recursos económicos de los pacientes (Secretaría General de Gobierno, 2002: 51).

En atención al artículo 84 de la Constitución de 1999, durante el año 2004, se realizó una jornada totalmente gratuita de Resonancia Magnética y Tomografía Helicoidal atendiendo a 283 pacientes con una inversión de 84.900.000,00 bolívares. Asimismo, se incrementó de un 30% a un 70% el número de pacientes con exoneraciones totales en estudios imagenológicos y se logró una disminución del cobro del servicio a los pacientes en un 90% (Secretaría General de Gobierno, 2005: s/f).

Para el año 2001 se implementó en el Estado Mérida el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), centrado en mejorar la calidad en la prestación del servicio a toda la población del Estado Mérida y mejorar el acceso a la salud de la población merideña en pro de su calidad de vida por lo que se conformaron los Comités Bolivarianos de la Salud con el apoyo de las comunidades organizadas. Asimismo, el modelo está centrado en brindarle un mayor apoyo a los “programas preventivos de salud implementados en la red ambulatoria, con mayor énfasis en los programas dirigidos a los grupos vulnerables, niño, niña, adolescentes, mujer y adulto (Ejemplo. Reforzamiento del programa de diabetes y cardiovascular, oncología y salud reproductiva)” (Secretaría General de Gobierno, 2002:48).

Lo anterior quedó contemplado en la Constitución de 1999, en el artículo 84 cuando señala que “el sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad…” (ANC, 1999). Es por ello que la política nacional en salud ha centrado su atención en la red ambulatoria, para implementar programas preventivos en salud.

Algunos de sus principales logros durante el 2001 fueron los siguientes:

1) La implantación del Modelo de Atención Integral de Salud “en el 100% de la red ambulatoria del Estado, incorporándose los Hospitales Tipo I…” (Secretaría General de Gobierno, 2002: 47); 2) Fortalecimiento de los establecimientos de salud. Está contemplada la rehabilitación física de 22 ambulatorios, de los cuales están culminados a la fecha: ARII Las Virtudes; ARII San Rafael de Alcanzar; ARII Caño Tigre; 3) Se intervinieron dos ambulatorios a través del Plan Bolívar 2000, el ARII El Rincón y el ARII Mucurubá, sus recursos fueron redistribuidos a los ambulatorios rurales Jají y Apartaderos, en función de las necesidades de las comunidades; 4) Equipamiento médico y no médico a 71 Ambulatorios en el Estado Mérida; 5) Fortalecimiento del área quirúrgica del Hospital II El Vigía con dotación de tecnología y la apertura de cuatro quirófanos; 6) Capacitación en el Modelo de Atención Integral en Salud de la red ambulatoria del Estado Mérida, dirigido a la capacitación de 1540 personas pertenecientes a los cinco Distritos tanto del sector salud como de las comunidades involucradas; 7) Asistencia técnica para el fortalecimiento de la participación comunitaria en la gestión de salud, dirigido a la capacitación de las comunidades organizadas pertenecientes a diez ambulatorios intervenidos en el Estado Mérida (Secretaría General de Gobierno, 2002: 48-50).

Con estos avances en materia de salud, el Estado Mérida se convierte en el segundo Estado del país que ha logrado ejecutar la política de atención integral en salud. Este es un programa diseñado por el gobierno venezolano y que ha seguido el Estado Mérida, por lo que el cien por ciento de los ambulatorios “se han incorporado exitosamente a esta política” (Secretaría General de Gobierno, 2002:53). Un Estado pionero en esta política, ha sido el Estado Aragua, el cual ha tenido notables avances. Asimismo, el Estado Mérida, atendiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, en materia de salud, ha incorporado en su política las Casas Comunitarias de Salud “que son una política revolucionaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social” (Secretaría General de Gobierno, 2002: 53).

Se evidencia un cambio en la política de salud del Estado Mérida, así como también de su gestión, a favor de un modelo económico que se promueve desde el Gobierno Nacional, es una concepción totalmente diferente de lo que debe ser la salud y se privilegia la organización de las comunidades para que participen en la prevención de la salud. Se intenta revertir el modelo de salud que avanzó con el neoliberalismo, donde el usuario paga por la prestación del servicio médico. El nuevo modelo pone énfasis en la gratuidad del servicio, para ello, ha “dotado de medicamentos a toda la red ambulatoria. Ahora el paciente no sale con su récipe, sino con sus medicinas en las manos…” (Secretaría General de Gobierno, 2002: 54).

En cuanto a la prestación del servicio, en el nuevo modelo en salud, se busca mejorar la cobertura y acceso de toda la población al servicio, así reza el artículo 83 de la Constitución de 1999, al afirmar que “…El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios…” (ANC,1999), para ello en el 2004 “se logró la aprobación de 11 Centros Diagnósticos a través del Convenio Venezuela-Cuba (Secretaría General de Gobierno, 2005: s/f).

Paralelamente en la Gobernación del Estado Lara también se realizan esfuerzos para prestar un servicio gratuito, tal como lo contempla la CRBV, en la red ambulatoria y hospitalaria de este Estado. Para el año 2002 se habían formado 302 Casas Comunitarias en todo el Estado Lara, jornadas médicas gratuitas en los ambulatorios y se crea la Sala de Quimioterapia Ambulatoria gratuita (Gobernación del Estado Lara, 2003).

La Gobernación de Lara se inserta en la nueva política social universalista, al asumir como parte de su política social, el apoyo a las misiones sociales del Gobierno Nacional, con especial énfasis en materia de salud, de claro enfrentamiento con las políticas neoliberales. A partir de 2003 la Gobernación de Lara en materia de salud cambia de orientación, al intentar impulsar un nuevo modelo de gestión para “democratizar el servicio de salud a través de la promoción de la participación de la sociedad civil organizada en la evaluación y control de este servicio en el Estado, garantizando un servicio universal, equitativo y accesible, a través de la Red de Atención Integral, contribuyendo así con el máximo bienestar biopsicosocial de la población larense” (Gobernación del Estado Lara, 2005), sin embargo, en la práctica se consigue con viejos obstáculos del modelo de descentralización que se instaló en el sector salud y que hoy en día persiste y se promueve desde la Gobernación del Estado Lara a través de FUNDASALUD (Fuenmayor et al, 2007: 101).

La política de inclusión en salud del gobierno nacional, toma impulso a partir de 2003 a través de la Misión Barrio Adentro, desarrollada en el marco del convenio Venezuela-Cuba desde diciembre de 2003, con el propósito de construir un “Sistema Público Nacional de Salud regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad; en el que la participación protagónica del pueblo cumple un papel fundamental” (Blanco, 2005:62).

Esta política en lo formal busca “garantizar el acceso a los servicios de salud de la población excluida, mediante un modelo de gestión de salud integral orientado al logro de una mejor calidad de vida” (MINCI, 2004). Los centros de Atención de la Misión Barrio Adentro funcionan en todo el país.

La Gobernación del Estado Lara participa activamente en la creación de la red de Consultorios, Clínicas Populares, Centros de Desarrollo Integral y Salas de Rehabilitación Integral, además de los Comités de Salud, en donde la comunidad se organiza para participar. En otras palabras, hay una relación estrecha entre los dos niveles de gobiernos en torno a la nueva política de salud impulsada a nivel nacional, a fin de avanzar en su desarrollo en el Estado Lara

La Gobernación del Estado Lara también ha promovido la recentralización de los servicios de salud, al acompañar al gobierno nacional en el acondicionamiento de instalaciones para el desarrollo del programa Barrio Adentro, adscrito al gobierno nacional, considerado estructura paralela no sólo porque se crea separado de la estructura ministerial, sino porque con él se abre un espacio a la prestación del servicio de salud paralelo al desarrollado por las gobernaciones, especialmente en el marco de la descentralización político-territorial cuando se le traspasan las competencias de salud a estas instituciones en condiciones de concurrencia con otros niveles de gobierno. Con este apoyo de la Gobernación de Lara al Programa Barrio adentro, se debilita la tendencia privatizadora que se desarrolla desde las estructuras descentralizadas en la gobernación, a la vez que se promueve la articulación de la gobernación al proyecto nacional, fragmentado con las estrategias organizativas del neoliberalismo.

Estamos así en presencia desde el 2003, después del paro económico y petrolero, de una nueva política de salud por parte de las gobernaciones de Mérida y Lara. Sus gobernadores están alineados al proyecto político que se promueve a nivel nacional. En materia de salud Lara avanza en lo siguiente: a) Apoyo y trabajo conjunto para el avance de las misiones sociales como política social universal del Gobierno Nacional, una de éstas es la Misión Barrio Adentro con el convenio Venezuela-Cuba; b) Participación en forma conjunta con el Gobierno Nacional en la instalación de los consultorios populares; clínicas populares y centros de diagnóstico y desarrollo integral, además de modernas salas de rehabilitación totalmente gratuitas; c) Trabajo coordinado con el Gobierno Nacional en la organización de las comunidades a través de los Comités de Salud; d) Acondicionamiento de las instalaciones para el desarrollo del Programa Barrio Adentro, en trabajo coordinado con el Gobierno Nacional; e) Creación de las casas comunitarias en todo el Estado Lara; y f) Énfasis en la gratuidad de los servicios de salud en todos los establecimientos de salud.

El Gobierno del Estado Aragua también asume la política de salud del Gobierno Nacional, con especial énfasis en el apoyo a la política universalista y de inclusión en materia de salud, de claro enfrentamiento con las políticas neoliberales. Contra la tendencia privatizadora y de traspaso de servicio para su desarrollo por parte de las ONGs, la gobernación de Aragua a partir de 2004 incrementó su aparato público para atender la nueva orientación social del Gobierno Nacional, en algunos casos creó nuevas fundaciones, específicamente en el campo social para atender programas en el sector salud, con una política de inclusión social y gratuidad de los servicios de la salud, tal cual aparece contemplado en la CRBV.

A continuación sus obras más recientes en el campo de la salud:

♦ La Fundación Centro Regional de Atención Integral en Diabetes (CRAID). Con el apoyo de la Gobernación del Estado Aragua, nace el 24 de septiembre de 2004 esta fundación se crea con el propósito brindar atención integral, especializada y educativa a los pacientes con diabetes. Es una institución enmarcada en el principio de la gratuidad del servicio tal como lo contempla la CRBV (Gobernación del Estado Aragua, 2004).

♦ Maternidad Integral Aragua (MIA). Esta maternidad se inauguró el 28 de marzo de 2007, “es un hospital público encargado de la atención médico asistencial de las mujeres en estado de gestación, la atención es gratuita (Gobernación del Estado Aragua, 2007)

♦ Centro Oftalmológico Regional Filippo Sindoni. Es una fundación creada para “prestar un servicio de salud oftalmológica de alta calidad para toda la población Aragüeña y sus alrededores, en especial aquellos usuarios más necesitados...” (Gobernación del Estado Aragua, 2007).

♦ Hospital del Mar. “Es un centro de salud pública completamente gratuito para el usuario, que da respuesta al segundo nivel de atención y que además viene a fortalecer la red Barrio Adentro II con sus 42 salas de rehabilitación…Este innovador centro es el único en Latinoamérica en su estilo, al ofrecer a orillas del mar, tratamientos de salud donde se conjugan la medicina tradicional y la oriental…” (Gobernación del Estado Aragua, 2007).

Con el apoyo de la Gobernación de Aragua al Programa Barrio Adentro II a través de la construcción del Hospital del Mar, se debilita la tendencia privatizadora que se desarrolla desde las estructuras descentralizadas en la gobernación, a la vez que se promueve la articulación de la gobernación al proyecto nacional, fragmentado con las estrategias organizativas del neoliberalismo.

Finalmente, en el Estado Carabobo, el gobernador Acosta Carlez también impulsa la política de atención integral de salud del gobierno nacional, como ejemplo se tiene en el Municipio de Juan José Mora la apertura de la Sala de Rehabilitación Integral Urama, este Centro de Rehabilitación construido con recursos del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Carabobo (Semora, 2008), estos Centros de Rehabilitación están ubicados en todo el territorio nacional para el beneficio de toda la población venezolana, ahora en un gobierno alineado al proyecto político bolivariano y en el marco de la Constitución de 1999, la política social en los Estados es universalista.

El referido Centro de Rehabilitación cuenta con personal calificado, entre éstos están los médicos cubanos y enfermeras de la Misión Barrio Adentro, en el marco de la alianza Cuba-Venezuela. Para el año 2006 el Estado Carabobo contó con un total de 1.587 médicos y médicas cubanos (OPS, 2006). En este sentido afirma el gobernador Acosta Carlez lo siguiente: “Este centro es para garantizar la salud de nuestro pueblo y esta es una idea extraordinaria donde los médicos cubanos vienen hacer terapia y rehabilitación a todas estas personas que requieren de la misma y cabe recordar que el 50% le hacen las operaciones los cirujanos sobre todo cuando es muscular y el otro 50% cuando es rehabilitación, le corresponde a los fisiatras y es una idea que surge de la misma inclusión social y el cambio de la revolución ya que la medicina se estaba privatizando y este centro será completamente gratuito” (Acosta citado por Semora, 2008).

A través de otras Misiones Sociales, como la Misión Sonrisa la población carabobeña de escasos recursos tienen acceso gratuito a prótesis dentales (Arvelo, 2007). Eliminar los cobros por concepto de consulta, rehabilitación; exámenes médicos, cirugías y entrega de medicamentos en los diferentes centros de salud en el Estado Carabobo a pacientes de bajos recursos, la Gobernación de Carabobo cumple con la Constitución de 1999 en cuanto a la gratuidad de la salud. Un caso a destacar es la exoneración del cobro por concepto de cirugía de trasplante de médula ósea a los pacientes que lo necesiten, en las instalaciones de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, lo cual contó con el apoyo económico tanto de la Gobernación del Estado Carabobo como del Gobierno Nacional. Para el año 2006 se habían realizado en el Estado Carabobo un total de 245 trasplantes (Arvelo, 2007).

En materia de salud, Aragua y Carabobo tiene los mismos avances observados en Mérida y Lara, se destaca en Aragua la creación de varias fundaciones vinculadas a la política social alternativa de inclusión social y gratuidad en los servicios y la creación de un hospital, con atención gratuita para toda la población, en el marco de la red Barrio Adentro II.

A pesar de lo anteriormente descrito, en las gobernaciones estudiadas resulta difícil poder avanzar en el proyecto político de transformación debido a su organización tecnocrática, prácticas que se encuentran enquistadas, además de su carácter burocrático, por lo que si la política no se convierte en una gestión transformadora (Therborn, 1979), existen serias dificultades para avanzar en la transformación a favor de la legitimación y la democratización, con políticas públicas para una gestión que permita la inclusión de las mayorías, la justicia social y el bienestar de toda la población.

Un ejemplo de ello se tiene en los hospitales, en donde se siguen cobrando las consultas y otros servicios médicos, pese al avance del proyecto alternativo. A pesar de ello, los gobernadores comprometidos con el proyecto alternativo avanzan en una política y gestión alternativa, algunas acciones para ello son la intervención de los hospitales donde se estaba cobrando el servicio de salud; la instalación de establecimientos de salud gratuitos para toda la población; y acciones concretas para revertir las prácticas de flexibilización laboral y de privatización.

Ⅳ. Condiciones políticas en las gobernaciones para avanzar en una política social alternativa: Una segunda etapa

Tal como afirma D’ Elia y Cabezas (2008:7), la revolución social continuó su marcha entre los años 2005-2008 con los Consejos Comunales, un segundo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2007-2013 y nuevas misiones¹¹ para la construcción del Socialismo del Siglo XXI. Pero no será sino después de ganar la reelección en el 2006, que el Presidente pone en práctica la intención de avanzar en la revolución social, que ya no será democrática sino socialista”. A nuestro criterio la revolución social es democrática y socialista, por lo cual no compartimos la afirmación de los autores citados sobre este particular, ya que la revolución está centrada en la democracia protagónica y participativa y luego se apoya en la construcción del poder popular, para ello el Estado aprueba un conjunto de leyes en el año 2010.

Es importante destacar, que en el referido Proyecto Nacional Simón Bolívar en donde se presentan las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 se afirma que para el período 2007-2013, Venezuela se orienta hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI, a través de las siguientes directrices: 1) Nueva Ética Socialista; 2) La Suprema Felicidad Social; 3) Democracia Protagónica y Revolucionaria; 4) Modelo Productivo Socialista; 5) Nueva Geopolítica Nacional; 6) Venezuela: Potencia Energética Mundial y 7) Nueva Geopolítica Internacional. El enfoque de la Nueva Ética Socialista es la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos, la realización colectiva de la individualidad y la satisfacción racional de las necesidades sociales, para ello es vital la superación de la miseria y pobreza material y espiritual (MPPCI, 2011).

“La suprema felicidad social es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos…La estructura social de Venezuela está en proceso de transición hacia una formación económico social más incluyente, porque el gobierno está ejecutando, especialmente con las misiones, un proceso de inclusión social masivo y acelerado, financiado por la nueva forma de utilizar la renta petrolera, lo que ha permitido avanzar en la cobertura y la universalización en la satisfacción de las necesidades de identidad, alimentación, salud, educación, vivienda y empleo…La inclusión social adquiere su más elevado desarrollo cuando el modo de atención es personalizada para los grupos sociales en situación de máxima exclusión social y está orientada hacia el autodesarrollo de las personas, las comunidades y sus organizaciones, lo cual implica prácticas democráticas, responsables y autogestionarias por parte de los involucrados” (MPPCI, 2011: 20-22)

En el 2008 hay condiciones políticas para avanzar en los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolívar a nivel estadal en las gobernaciones donde ganaron los gobernadores apoyados por el PSUV y adeptos al proyecto alternativo, de las gobernaciones estudiadas están: En el Estado Aragua, Rafael Isea con el 58,92% de los votos y otros partidos de izquierda; en el Estado Lara, Henri Falcón con el 73,52% de los votos; en el Estado Mérida, Marcos Díaz Orellana con el 55,04% de los votos, es decir en cuatro gobernaciones, las otras dos, Carabobo y Zulia fue ganada por gobernadores apoyados por los principales partidos de la oposición. En el Zulia gana Pablo Pérez con el 53,34% de los votos apoyado principalmente por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y los partidos políticos tradicionales como Acción Democrática (AD) y COPEI, Proyecto Venezuela; PODEMOS; La Causa R; Movimiento al Socialismo (MAS) y en Carabobo triunfa Henrique Salas Feo con el 47, 50% de los votos, apoyado fundamentalmente por Proyecto Venezuela, por AD; COPEI; UNT; Primero Justicia; Proyecto Carabobo; PODEMOS; MAS; La Causa R, entre otros partidos minoritarios (CNE, 2008). Salas Feo es uno de los abanderados y ejecutor del proceso de descentralización político territorial en el marco del proyecto neoliberal.

Dos importantes estados, Zulia y Carabobo en donde más se avanzó en el proyecto neoliberal con la descentralización político territorial y con importantes competencias exclusivas estratégicas de índole económica como puente, puerto, aeropuerto, vías estadales e interestadales etc quedan en manos del proyecto político hegemónico por lo que no se logran avances en el proyecto político contrahegemónico, sino desde otras instancias del aparato público en concordancia con el Gobierno Nacional.

En el 2010 para avanzar en el proyecto alternativo para la transformación social se aprueban un conjunto de leyes, denominadas Leyes Orgánicas del Poder Popular conformadas por las siguientes: 1) Ley Orgánica del Poder Popular; 2) La Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular; 3) Ley Orgánica de las Comunas; 4) Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y 5) Ley Orgánica de Contraloría Social, por lo que no solo contamos con cinco poderes: Ejecutivo; Legislativo; Judicial; Ciudadano y Electoral, sino ahora: El Poder Popular, definido como “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado Comunal” (Asamblea Nacional, 2010, art 2)

En la Ley Orgánica del Poder Popular se define también el Estado Comunal como una “forma de organización político social, fundada en el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna” (Asamblea Nacional, 2010: Art 8 ord 8)

Y se define asimismo, el socialismo como:

“Un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permite que todas las familias, ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio, propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales” (Asamblea Nacional, 2010: Art 8 ord 14)

Las instancias del Poder Popular serían: El Consejo Comunal; la Comuna; la Ciudad Comunal y los Sistemas de Agregación Comunal, todo ello en el marco de un nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social en donde el Consejo Comunal es la “instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades…” (Asamblea Nacional, 2010: Art.15)

Esto es lo que denomina Dussel (2006:27) como potentia y lo define como el “poder que tiene la comunidad como una facultad o capacidad que le es inherente a un pueblo en tanto última instancia de la soberanía, de la autoridad, de la gobernabilidad, de lo político…”.

El centro de la política social ha sido el desarrollo de las misiones sociales, como dice Aponte (2012:5), “son el emblema que identifica a la política social de las gestiones presidenciales de Hugo Chávez”. En 2011 y 2012 se crearon nuevas misiones sociales tales como la misión Vivienda Venezuela; Amor Mayor e Hijos de Venezuela; la Misión Saber y Trabajo.

“Para octubre de 2012 se informó que la Misión Vivienda había entregado unas 250.000 viviendas desde el 2011, en tanto que Amor Mayor habría beneficiado a más de 400.000 adultos mayores con pensiones de vejez no contributivas e Hijos de Venezuela habría alcanzado a otros casi 250.000 hogares beneficiarios. Aunque sin llegar al grado de entusiasmo que despertaron las Misiones Sociales en sus inicios estas iniciativas relanzaron parcialmente las Misiones, que habían perdido buena parte de su relieve en la gestión gubernamental desde el 2007 y ellas volvieron a brindar una importante contribución al apoyo electoral hacia el Presidente durante los comicios del 2012” (Aponte, 2012: 7).

Lamentablemente, las prácticas burocráticas que están enquistadas en todo el aparato público, se trasladaron a las Misiones Sociales, prácticas del modelo burocrático populista y tecnocrático que se han convertido en un obstáculo para avanzar en una gestión pública para la transformación social, aquí se destaca la articulación del proyecto nacional con el estadal y el papel que ejercen los gobernadores como sujetos políticos para el cambio y la transformación a favor del proyecto alternativo y de la política social de inclusión y justicia social. Un logro importante ha sido la reducción de la pobreza (por hogares) de 43,9% (1998) a 26,7% (2011) y de la pobreza extrema de 17,1 (1998) a 7,0% (2011) (INE citado en Aponte, 2012). Un objetivo fundamental enmarcado en la segunda directriz del Proyecto Nacional Simón Bolívar (Suprema Felicidad Social) es precisamente reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza, en esto los gobernadores adeptos al proyecto político alternativo y como importantes sujetos políticos para el cambio tienen un rol fundamental y trabajan de forma conjunta con el gobierno nacional para el avance de las misiones sociales.

Un logro importante que destacamos es en vivienda, a través de la Misión Vivienda Venezuela se ha dado un trabajo conjunto y coordinado entre el gobierno regional y nacional, en las gobernaciones comprometidas con el proyecto contrahegemónico. En los estados con gobernaciones no comprometidas con el proyecto político nacional se avanzan desde otras instituciones o corporaciones regionales creadas para tal fin. En todos los Estados con gobernaciones adeptas al proyecto revolucionario, hay logros importantes, en donde los gobernadores han trabajado de manera coordinada con la Misión Vivienda Venezuela, a través del programa Sustitución de Rancho por Vivienda (SUVI), esto se aprecia en el siguiente cuadro:

Las condiciones políticas permiten avanzar con apoyo de los gobernadores adeptos en la mayoría de los Estados de Venezuela, da cuenta de ello, la construcción de un total de 27.324 viviendas dignas para la población venezolana.

Con el avance del poder popular y el apoyo conjunto de las comunidades organizadas en consejos comunales se desarrolla el Programa de Transformación Integral (TIH), liderado por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social con apoyo de los gobernadores afines al proyecto de transformación. A continuación se muestra la cantidad de viviendas en ejecución en los estados estudiados:

Rafael Ramírez, coordinador del Órgano Superior de Vivienda afirma que la Misión vivienda ha construido 399.823 casas en todo el país desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela en abril de 2011, y la meta al finalizar el año 2013 es de 620 mil viviendas (Informe21.com, 10-07-2013), se trata de una política que beneficia a todas las personas que no tenían acceso a una vivienda digna y que salen de la pobreza y miseria.

Las condiciones políticas se mantienen a nivel nacional con apoyo de los gobernadores que ganaron en las elecciones a gobernadores de diciembre de 2012, de las gobernaciones estudiadas, y apoyados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), triunfa en Aragua el gobernador Tareck El Aissami con el 55,56% de los votos; en Carabobo, gana Francisco Ameliach con el 55,73% de los votos; en el Estado Mérida, triunfa al puesto de gobernador, Alexis Ramírez con el 50,23% de los votos y en el Estado Zulia gana Francisco Arias Cárdenas con el 52,22% de los votos (CNE, 2012), en esta oportunidad el gobierno nacional pierde la Gobernación del Estado Lara, resulta ganador Henri Falcón con el 53,87% de los votos y apoyado principalmente por los partidos políticos Avanzada; Primero Justicia; AD y la Causa R (CNE, 2012), es de destacar, que éste gobernador repite en el Estado Lara pero ahora apoyado por partidos de la oposición al proyecto político alternativo, en el año 2008 gana con el 73,52% de los votos (CNE, 2008), apoyado principalmente por el partido político que condujo al Presidente Chávez al poder, el PSUV. También es importante destacar que en el Estado Zulia gana un gobernador adepto al proyecto alternativo de inclusión y justicia social, pero que en la década de los noventa fue uno de los principales ejecutores de la descentralización político territorial y avanzó a través de su cargo de gobernador en dos oportunidades en el proyecto neoliberal a favor de la reestructuración capitalista.

En la actualidad el gobernador Francisco Arias Cárdenas se convierte en un sujeto político clave para avanzar en el proyecto de transformación social, y su propuesta de gobierno para el período 2013-2016, está alineada al proyecto nacional de transformación; así lo deja ver en su propuesta de programa de gobierno cuando era candidato al puesto de gobernador al afirmar lo siguiente: “Nuestra propuesta de gestión está enmarcada en el Plan Socialista de gobierno del comandante Hugo Chávez Frías para el período 2013-2019, el cual no solo suscribimos, sino que impulsaremos, defenderemos y acompañaremos desde nuestra gestión regional” (Arias, 2012: 3).

La misión de la nueva Gobernación Bolivariana del Estado Zulia (así se denomina en el documento), sería:

“Elevar el nivel de vida de los zulianos y zulianas hacia la obtención de la suprema felicidad social, aprovechando la capacidad del Gobernador de articular con los organismos del Gobierno Bolivariano que hacen vida en el Estado, en todos sus niveles y modalidades, incluyendo al poder comunal, a los fines de garantizar la consecución de proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos destinados a la concreción de los lineamientos establecidos en el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013- 2019)” (Arias, 2012:5-6).

En la propuesta de gobierno del actual gobernador del Estado Zulia, la política social regional está articulada a la política social nacional¹², con claro apoyo a las misiones sociales del gobierno nacional, a la gratuidad de los servicios sociales; con participación de las comunidades organizadas, pensando en el bienestar colectivo y en la suprema felicidad social, y con claro distanciamiento a viejas prácticas propias del modelo neoliberal.

A continuación se presentan los rasgos más sobresalientes de la política social alternativa para el Estado Zulia: En vivienda: se tiene el apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela, haciendo énfasis en los sectores más empobrecidos, construyendo junto con el Gobierno Nacional 50.000 viviendas/año; también se contempla incorporar a la clase media en esta misión, “…garantizando vivienda a bajo costo con planes de financiamientos sin inicial, largos plazos y a bajos intereses para abatir definitivamente el déficit habitacional acumulado…” (Arias, 2012:14). En alimentación: Fortalecer la misión alimentación en el estado Zulia con un plan para la ampliación de la red Mercal; Pdval y Bicentenario y el plan de centros comunales de distribución de alimentos, entre otras acciones. En educación: Constituir un modelo educativo unificado con el propósito de unificar las políticas nacionales con las políticas regionales y apoyar la consolidación de las Misiones Sucre y Rivas, entre otras acciones (Arias, 2012)

Especial atención dedica Arias Cárdenas al sector de la salud, destacamos lo siguiente en el marco de la política social alternativa de inclusión y justicia social: 1) Promoción de la salud y prevención de enfermedades regido por el principio de gratuidad; equidad y de atención integral universal; 2) Los bienes y servicios públicos de salud no podrán ser privatizados; 3) Participación activa de la comunidad organizada en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud; 4) Consolidar el Sistema Público Nacional de Salud estructurado en la Misión Barrio Adentro; 5) Aumentar la cobertura poblacional de atención médica integral en la atención de Barrio Adentro I, II; III y IV; 6) Incrementar y apoyar las organizaciones en salud como los comités de salud y consejos comunales; 7) Promover los autogobiernos comunitarios para el ejercicio del poder popular en la implementación de las políticas de salud; 8) Intervenir administrativamente los centros hospitalarios que se encuentran bajo la figura de Sistema de Contratación de Empresas Tercerizadas; 9) Construcción de nuevos hospitales dentro del modelo de Barrio Adentro IV Hospital del Pueblo que contemple la municipalidad de la salud; 10) Creación de centros y unidades especializadas, como el Centro Regional del Cáncer; la Unidad de Cardiología Intervencionista en Adultos; de Caumatología y de Traumachoque (Arias, 2012).

También su programa de gobierno contempla el impulso de proyectos que permitan atacar el problema de desempleo y la pobreza crítica en las comunidades indígenas dedicando especial atención a su cultura; valores y a la educación (Arias, 2012).

En la actualidad todas las gobernaciones estudiadas se encuentran alineadas al proyecto político nacional a excepción de Lara; por lo que muestran avances en la gestión de la política social alternativa. En Lara para avanzar en el proyecto revolucionario es creada la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA) el 14 de febrero de 2012, como:

“… Un ente descentralizado que coadyuve en la acción del Ejecutivo Nacional en la ejecución de políticas de desarrollo socialista del centro occidente del país para los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa, para así promover la organización popular para la construcción del vivir bien de sus pobladores y pobladoras, bajo los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las líneas estratégicas establecidas en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón Bolívar” (Chávez, 2012a, decreto No. 8.800).

Esta Corporación está adscrita a la Vicepresidencia de la República y tiene su sede principal en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara (Chávez, 2012a: art 4) y debe promover entre otros objetivos, obras de infraestructura en áreas estratégicas en vivienda y su hábitat, vialidad; saneamiento ambiental; soporte agrícola, educación, cultura y deportes (Chávez, 2012a: art 5)

Asimismo, entre sus competencias están:

“…Establecer mecanismos y disponer de recursos que permitan financiar programas sociales destinados a fortalecer a las comunidades organizadas en Comunas, Consejos Comunales, Consejos Campesinos, Consejos de Pescadores y Pescadoras, pueblos y comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y participación popular de la Región Centro Occidental…Crear e implementar un sistema de emulaciones socialistas, dirigidas al reconocimiento de la iniciativa, participación y logros socialistas que incidan positivamente en el desarrollo de la Región…Dichas emulaciones podrán consistir en el reconocimiento público, cursos de capacitación y formación, exoneración o dispensa total o parcial del monto de la deuda derivada del financiamiento, otorgamiento de nuevos financiamientos en condiciones más favorables u obras de infraestructura adicionales en beneficio de la comunidad…” (Chávez, 2012a: Art 6).

Entonces CORPOLARA se crea como una corporación que va a ejecutar la política social regional en concordancia con las políticas sociales del gobierno nacional, se crea como una estructura paralela a la Gobernación del Estado Lara, para avanzar en el proyecto de transformación y contrahegemónico del Gobierno Nacional. El actual gobernador del Estado Lara Henri Falcón no tributa con el modelo socialista, su política social sigue siendo asistencialista y focalizada de claro acercamiento al modelo hegemónico que utiliza a la descentralización político territorial como eje articulador para avanzar en la reestructuración capitalista. La política social liderada por el mencionado gobernador, sigue siendo la política tradicional centrada en programas sociales asistencialistas y focalizados, como los tienen todas las gobernaciones, pero que no mantiene un eje articulador ni logra avanzar en la política social universal nacional.

En su programa de gobierno se plantea la “focalización de la política social de manera que pueda llegar de manera más efectiva, precisa y oportuna a la población más vulnerable del estado Lara” (Falcón, 2012:38). Para ello desarrolla los siguientes programas: 1) Atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social; 2) Protección social a la población de más bajos recursos; 3) Atención integral a las mujeres víctima de violencia y 4) Atención integral a las personas con discapacidad (Falcón, 2012). En materia de vivienda por ejemplo, la Gobernación del Estado Lara ejecuta otros programas focalizados, éstos son: 1) Auto construcción de viviendas; 2) Lara tu Tricolor; 3) Camino al Campo Habitacional y 4) Programa Promoción de Espacios de Concertación Público-Privado, son programas dirigidos a dar solución al problema de falta de vivienda en la región larense pero desarticulado de la Gran Misión Vivienda Venezuela que se ejecuta desde el Gobierno Nacional como política social universal. En salud también se ejecutan desde la Gobernación de Lara programas focalizados sin articulación con la Misión Barrio Adentro en ninguno de sus niveles, estos programas son: 1) Descentralización de salud; 2) Adecuación de la infraestructura y dotación de la red hospitalaria y ambulatoria; 3) Reforzamiento del recurso humano; 4) Salud preventiva y 5) Atención Materno Infantil (Falcón, 2012).

El Estado Lara fue una de los estados que más avanzó en la transferencia de los servicios sociales con el curso de la descentralización político territorial como estrategia para reducir el Estado, para ello la Gobernación ofreció asistencia técnica, capacitación y financiamiento a las ONG’s a través de su Dirección General Sectorial de Desarrollo Social. Este fue el tipo de organizaciones promovidas por el modelo neoliberal durante la década de los noventa y que aún hacen vida en el Estado Lara.

Para el año 2003, el Estado Lara contaba con 72 ONG´s dedicadas a labores sociales, que recibían financiamiento de la gobernación y 105 organizaciones civiles también asesoradas por la gobernación como parte de la política social (Gobernación del Estado Lara, 2004). El traspaso de la prestación de los servicios sociales por parte de la Gobernación a las ONG’s, las cuales forman parte del tercer sector, es una estrategia utilizada para descentralizar y privatizar los servicios. Un caso emblemático en Lara ha sido la salud. FUNDASALUD¹³ en el Estado Lara se vinculó con más de 300 ONG´s (Mascareño, 2000) que ejecutaron la política en salud a través de la administración de hospitales y ambulatorios, para ello la Gobernación del Estado Lara, le transfirió recursos a través de FUNDASALUD. Ante esta realidad, no resulta fácil avanzar en una gestión alternativa, ya que la privatización de la salud dejo frutos en Lara en su aparato público como herencia de la descentralización, la cual es colocada como modelo a seguir por los adeptos de este proceso en sus programas de gobierno.

Con el triunfo del Presidente Chávez en las elecciones de diciembre de 2012 se le da continuidad a la política social alternativa liderada por el gobierno nacional y que luego se legitima con el triunfo de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en abril de 2013, posterior a la muerte del Presidente Hugo Chávez Frías el 05 de marzo de 2013. Chávez nos dejó su política plasmada en el Plan de la Patria 2013-2019 para construir una sociedad igualitaria y justa, este es un objetivo nacional del Plan. A continuación elementos de la política social alternativa contemplado en la propuesta de gobierno del Presidente Chávez:

“Para el período 2013-2019, asumimos el reto de profundizar la Revolución Bolivariana en lo que constituye su esencia: la justicia social. La continuidad de la revolución debe garantizar la irreversibilidad del proceso en lo referente a los avances en los derechos humanos; en las condiciones que imposibiliten volver a la pobreza, en las condiciones que han determinado la profundización en la lucha contra las desigualdades sociales; es lo que ha permitido ir avanzando en la liberación del pueblo; en la participación protagónica del pueblo en las misiones sociales. Llevar adelante el objetivo de construcción de una sociedad justa e igualitaria es avanzar en la ruta hacia el socialismo, significa el futuro pleno de condiciones de vida gratificantes, construidas con el mismo pueblo como sujeto” (subrayado nuestro) (Chávez, 2012b:10).

Ⅴ. Consideraciones finales

Se concluye que las gobernaciones afines al proyecto nacional, logran avances en una política social alternativa, de inclusión y de justicia social con obstáculos debido a prácticas tecnocráticas y burocráticas enquistadas en todo el aparato público. Las misiones sociales como política social universal logra reducir la pobreza y la exclusión social en Venezuela, no obstante, a pesar de haberse creado como estructura paralela al Estado burocrático e ineficiente y combatirlo, en la práctica se han trasladado éstas prácticas del aparato público a las misiones, debilitándolas en algunos casos, no obstante, el gobierno les ha dado un reimpulso, conjuntamente con un nuevo poder a partir del 2010: El poder popular, el cual viene a fortalecer al Estado Comunal como un nuevo estado que se distancie del burocrático y se apoye en el poder popular; la organización popular; los consejos comunales y las comunas, en este contexto, las misiones, se convierten en el eje articulador de la política social universal para construir una sociedad igualitaria y justa como aparece contemplado en el Plan de la Patria 2013- 2019.

Para Monedero (2005), crear políticas públicas alternativas para una gestión transformadora y diferente a la neoliberal, pasa por la refundación del Estado basado en un nuevo sentido común político, es decir, en la participación y para que una política transformadora a favor de un modelo económico y social de inclusión de las mayorías, se traduzca en una gestión para transformar a la sociedad, tal como lo plantea Therbom (1979), la gestión debe ser transformadora y este es el compromiso que tienen los gobernadores como sujetos políticos promotores e impulsores del proyecto alternativo.

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